En una reveladora sesión matutina en Palacio Nacional, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el informe «Cero Impunidad». En el informe, expuso a ocho magistrados y jueces federales en Veracruz que han otorgado beneficios a presuntos delincuentes, oponiéndose a la prisión preventiva en casos de delitos graves.
Destacando entre ellos, los magistrados Martín Soto Ortiz, Rafael Remes Ojeda y Ricardo Reyes González del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, quienes el 21 de julio dejaron sin efecto la prisión preventiva en un caso de pederastia alegando afectación del derecho a la libertad. Igualmente, permitieron que un acusado por homicidio calificado quedara en libertad a partir del 27 de julio, en base a la misma justificación.
Luis Rafael Bautista Cruz, juez tercero de Distrito del Séptimo Circuito, también dejó sin efecto la prisión preventiva oficiosa impuesta a un presunto homicida el 4 de agosto. Rafael González Castillo, juez segundo de Distrito de Proceso Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el estado, ordenó liberar a un responsable de homicidio doloso calificado el 18 de mayo.
Además, los magistrados María Elena Leguizamo Ferrer, José Suero Alva y Antonio Soto Martínez del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Séptimo Circuito, otorgaron amparo a un presunto homicida y pederasta, liberándolo por vulneración de sus derechos humanos. En audiencias posteriores, revocaron la prisión preventiva de cinco acusados de secuestro agravado.
Las decisiones judiciales han generado preocupación, siendo denunciadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, debido a su potencial impacto en la gobernabilidad estatal.
